Hidrográfica multa con 3.000 euros a Hunosa por vertidos al río Samuño

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha impuesto una multa de 3.005,06 euros a la empresa Hunosa por verter aguas residuales al río Samuño, en Langreo. En el procedimiento sancionador, Hidrográfica destaca que en la multa se tiene en cuenta el «agravante por reiteración de la conducta antijurídica, al haberse incoado con anterioridad cuatro expedientes sancionadores».


El Bloque por Asturies, que en su día presentó la denuncia por el vertido ante el Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil), anunció ayer que Confederación Hidrográfica ha multado al grupo Hunosa por los vertidos al río Samuño, y más concretamente, según reza el expediente, por el «derrame de aguas residuales procedentes de las obras que se están realizando en la bocamina del Socavón Emilia, al cauce del río Samuño, que constituye una acción que degrada la calidad de las aguas de dominio público hidráulico, en el término municipal de Langreo».

Desde el Bloque por Asturies se afirmó que esta resolución «supone un nuevo varapalo» para Hunosa, ya que si bien la multa «no es de gran importancia» en la resolución Hidrográfica «señala el escaso respeto que a la empresa pública le merece la calidad de las aguas de los ríos». El portavoz del Bloque en la comarca, Manuel Benayas, aseveró que Hunosa «se comporta como si estuviera por encima de la ley. Parece mentira que la gestión de los socialistas en esta empresa ofrezca unos resultados tan lamentables en materia medioambiental, con la complicidad de las corporaciones locales, que miran hacia otro lado».

USO denuncia al edil de personal de Langreo

LA SECCION de la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera en el Ayuntamiento de Langreo ha denunciado ante el Defensor del Pueblo y "ante la ciudadanía en general" al concejal de Personal Julio César García. por sus "continuos abusos y desprecios" a los afiliados del citado sindicato en el concejo.

El Bloque por Asturies denuncia un derribo ilegal en Cadavíu

Gustavo Alvarez Tuya, concejal del Bloque por Asturies en el Ayuntamiento de Langreo, denunció ayer el "derribo ilegal" de la estación de tren de El Cadavíu, en Ciañu, una operación "sin los perceptivos permisos" que el edil logró detener alrededor de las doce de la mañana, después de que la empresa iniciase el derrumbe.
Tuya asegura que la estación, propiedad de Hunosa, está incluida en el catálogo de Patrimonio Industrial de Langreo y que "ni la alcaldesa ni los responsables del equipo de gobierno local estaban enterados del asunto". Esta "actuación gravísima" ya fue advertida con anterioridad por los miembros de IU-BA afines a la dirección regional --el propio Tuya y Benigno González-- sin que el equipo de gobierno "tuviera ninguna consideración al respecto". Ambos aseguran tomar medidas legales contra la empresa o Hunosa.

El Bloque por Asturies asegura que colocar un caza en una rotonda de Langreo incita al belicismo

El Bloque por Asturies en el Nalón se refirió ayer a la propuesta de colocar avión de combate (Mirage F-1) en una de las glorietas de La Felguera, para manifestar su enérgico rechazo. La formación expresó que «no se entiende que un concejo como el de Langreo, cuyas gentes nunca han dudado en posicionarse en contra de aventuras belicistas, vaya ahora a colocarse un avión militar en un espacio público, estableciendo a buen seguro un elemento de discordia, de forma absolutamente gratuita en el concejo».

Para BA se traicionaría a todos los langreanos comprometidos con el ejercicio de la no violencia y a toda la ciudadanía que pretende educar a sus hijos en valores para la paz. «De llevarse a cabo estaríamos ante un Partido Socialista, el de Langreo, entregado en brazos de aquellos que defienden el armamentismo y los nefastos valores que lo acompañan», destacaron.

La formación política manifestó que si se quiere hacer algún homenaje a la aviación se podría colocar uno civil, sin herir sensibilidades, reconociendo de esta manera la enorme contribución de la aviación civil al desarrollo humano.

Díaz defiende su gestión en el conflicto de los ediles del PCE

La alcaldesa de Langreo, María Esther Díaz, cargó ayer duramente contra los cuatro ediles de IU-BA críticos con la dirección regional de su formación, y llamó "mentiroso" a su portavoz, Xandru López, en relación al conflicto de los citados concejales con el partido al que pertenecen. La primera edil defendió su gestión en el desarrollo de los acontecimientos en torno a este asunto y declaró que "la corporación ha sido lo más objetiva posible y no se ha posicionado de ninguna manera, sólo se ha limitado a cumplir la legalidad".

Díaz realizó estas declaraciones dos días después de que los concejales de IU-BA afines al PCE acusaran al equipo de gobierno del PSOE de "devolver favores a IX-BA por el pacto por los presupuestos", a pesar del "las recomendaciones del secretario municipal para que no se recurriera la sentencia que nos vuelve a situar como concejales de pleno derecho", tal y como declaró López. Precisamente ese fue el punto en el que la alcaldesa insistió más, ya que cree que "es de muy bajo rango comprometer a un profesional que no tiene por qué conocer las dinámicas internas de un partido; además, su opinión y la del abogado contratado de manera externa coinciden, López miente".

En estos momentos existen tres frentes abiertos en relación al conflicto de los ediles críticos. Por un lado, está la sentencia que estima que IU-BA de Asturias expulsó de manera correcta a los ediles y que está recurrida por los afectados. Por otro, el procedimiento administrativo por el cual el pleno de Langreo declaró no adscritos a los concejales cuando el partido en Asturias decidió expulsarles. Los propios críticos denunciaron está situación y ganaron, volviendo a recuperar el status de grupo municipal, con el mencionado recurso del ayuntamiento de Langreo a esta primera sentencia "por coherencia y por aplicar la legalidad y porque, simplemente, era lo que teníamos que hacer", según Díaz.. Por último, todas las partes están a la espera de la decisión del comité de garantías federal --a nivel estatal-- de Izquierda Unida, ya que es este órgano el que decidirá si se expulsa o no a los ediles.